De acuerdo con el trabajo legal realizado y a los criterios de los jueces de distrito y tribunales colegiados (espec\u00edficamente el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa y el Tribunal Colegiado en materia laboral, ambos del Decimosegundo Circuito), se ha coincidido en que la retenci\u00f3n que se hace al personal jubilado de la Universidad Aut\u00f3noma de Sinaloa (UAS), derivada de la implementaci\u00f3n de la Reingenier\u00eda Integral Universitaria, es constitucional y legal, y que la instituci\u00f3n no incurre en ninguna clase de abuso.\r
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Esto, de acuerdo con un informe realizado por la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos de la UAS, encabezada por el licenciado Alfonso Carlos Ontiveros Salas, el cual fue compartido al H. Consejo Universitario por el director de la Facultad de Derecho Mazatl\u00e1n, doctor Jos\u00e9 Ram\u00f3n Bonilla Rojas.\r
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Se\u00f1al\u00f3 que el problema de fondo es que este sector minoritario parte de la idea de que es un ‘derecho adquirido’ y que no puede tener afectaci\u00f3n. Lo que ellos y sus asesores no entienden es que, si no se realiza la retenci\u00f3n o el mecanismo financiero, la universidad dejar\u00eda de cumplir con la prestaci\u00f3n de la jubilaci\u00f3n din\u00e1mica.\r
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La mayor\u00eda de los quejosos tienen pensiones de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunado a la jubilaci\u00f3n de la universidad; por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) ha dicho que no se pone en riesgo su subsistencia, pues mantienen un est\u00e1ndar m\u00e1s elevado que el de cualquier ciudadano, incluso por encima de lo que marca la Constituci\u00f3n.\r
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Es por ello que los tribunales han argumentado que la reingenier\u00eda no es para afectarlos, sino para garantizarles la prestaci\u00f3n contractual y asegurar la viabilidad financiera de la universidad, indic\u00f3 Bonilla Rojas.\r
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Dijo que en Sinaloa 10 jueces de distrito, distribuidos 3 en el norte, 4 en Culiac\u00e1n y 3 en la zona sur, han conocido sobre amparos interpuestos por un grupo minoritario de trabajadores jubilados. La gran mayor\u00eda de las demandas fueron desechadas por ser notoriamente improcedentes, mientras que el otro porcentaje todav\u00eda se encuentra en tr\u00e1mite.\r
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Asimismo, se advierte que, de no seguir la directriz que la Subsecretar\u00eda de Educaci\u00f3n Superior de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n P\u00fablica (SEP) ha emitido en materia de reingenier\u00eda, y en el remoto caso de que esta fuera revocada por alg\u00fan mandato judicial, la jubilaci\u00f3n din\u00e1mica de las y los universitarios estar\u00eda destinada a desaparecer por no existir recursos para su viabilidad. Adem\u00e1s, la estabilidad financiera de la instituci\u00f3n se encontrar\u00eda en un punto de quiebre. Por ello, es de resaltar el contundente respaldo que la Universidad ha encontrado en los tribunales para validar las reformas realizadas y trazar un camino de mayor prosperidad para su comunidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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